Gracias a las labores de inteligencia, autoridades estatales y federales detuvieron a cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Chavinda, presuntamente vinculados con un grupo delictivo que operaba en la región, evidenciando una posible infiltración del crimen organizado en la estructura municipal.
La acción fue encabezada por la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con instancias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de los esfuerzos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Entre los detenidos se encuentran Ana Laura “N”, síndica municipal; Paulo César “N”, regidor de Desarrollo Económico; Jesús “N”, regidor de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia e Innovación; y César Adrián “N”, Subdirector de Seguridad Pública Municipal.
De acuerdo con las investigaciones, los funcionarios estarían presuntamente relacionados con una red delictiva, lo que derivó en un seguimiento puntual de inteligencia en la región de Jiquilpan que permitió ubicar y desarticular esta estructura al interior del gobierno local.
Durante el operativo, las autoridades aseguraron dos armas largas tipo fusil, una pistola, ocho cargadores y 221 cartuchos útiles, además de siete envoltorios con sustancia con características de cocaína.
Asimismo, fue localizada una camioneta Ford F-150 con rotulación oficial de la Policía Municipal, junto con diverso equipo táctico, entre ellos un chaleco porta placas, una piernera táctica, un bastón retráctil, así como un parche con insignias de un grupo delictivo y documentación oficial del Ayuntamiento.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente y son investigados por su probable responsabilidad en delitos como violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delitos contra la salud y amenazas.
Este operativo pone en evidencia el alcance de la coordinación interinstitucional y refuerza el mensaje de que las acciones contra la delincuencia continúan sin excepciones, incluso cuando involucran a servidores públicos, en un contexto donde las autoridades buscan desarticular posibles nexos entre gobiernos locales y organizaciones criminales.
