Chavinda en el centro de la polémica, el caso en Michoacán que divide la opinión pública

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Sahuayo, Michoacán. 23 de Marzo de 2026, Sigue evolucionando la opinión de la sociedad conforme al caso de la detención de 5 miembros del cabildo del ayuntamiento de Chavinda en Michoacán.

Desde su detención el 19 de Marzo del 2026, familiares de los detenidos y ciudadanos de Chavinda han empezado a alzar la voz, pues abogan a que no hay elementos suficientes para hacer un juicio definitivo del caso.

En distintos espacios y expresiones ciudadanas, habitantes del municipio han manifestado su preocupación por la manera en que se ha desarrollado el caso, señalando que, más allá de la gravedad de los hechos que se investigan, debe prevalecer el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Para algunos sectores de la población, el tema ha generado un ambiente de incertidumbre y división social, ya que mientras una parte respalda la actuación de las autoridades, otra considera que es necesario esperar a que las investigaciones avancen y se esclarezcan plenamente los hechos antes de fijar una postura concluyente.

Fotografía: FGE_Detención de los miembros del ayuntamiento. Chavinda

El caso ha tomado relevancia, de a cuerdo con el periódico El Sol de Zamora, los detenidos por presuntos actos de extorsión, entre otros, habían acudido al Congreso del Estado en ánimos de solicitar la remoción del presidente municipal Armando Pérez Mendoza, este según fuentes no oficiales ya ha sido requerido a declarar en el caso junto a 18 personas.

Los familiares siguen en espera de una respuesta; en camiones desde el municipio de Chavinda, hicieron su arribo a las 3:00 de la tarde en la ciudad de Sahuayo, en tanto después de una demora para iniciar la audiencia de control en el Poder Judicial Michoacán, se notificó que se aplaza hasta el 26 de Marzo la audiencia de vinculación a proceso de los detenidos.

Fotografía: La Ciénega Noticias

Familiares de los detenidos han insistido en que sus seres queridos sean juzgados conforme a derecho y sin anticipar condenas desde la opinión pública, subrayando que será la autoridad competente la encargada de determinar su situación jurídica.

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